El acuerdo entre el PSOE y el PP para incorporar a la Constitución española un precepto que impida que los gobiernos incurran en déficit no es fruto de la casualidad.
Además de las consecuencias puramente económicas que acabo de señalar, el principio de estabilidad presupuestaria (y más concretamente su imposición a través de mandatos constitucionales) significa en la práctica impedir que la ciudadanía pueda elegir libremente a la hora de enfrentarse a los problemas económicos de nuestra época.
Al imponerlo en cualquier momento y condición, como ahora han acordado en España el PSOE y el PP, se impide que los gobiernos puedan suscribir pactos con sus electores si no es en los términos prescritos por la ortodoxia económica dominante. Se obliga de esta forma a que las única política posibles sean las neoliberales.
Llevar a la constitución el principio de estabilidad presupuestaria es imponer de facto una dictadura económica porque para evitar el déficit público se impone un gigantesco déficit democrático que impide que todos las personas se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de decidir sobre los problemas económicos. Por eso podemos decir que la imposición de un principio de estabilidad presupuestaria en las condiciones en que se impone es algo radicalmente contrario al sentido más elemental de la democracia.
La historia económica demuestra que cuando los gobiernos han actuado poniendo en marcha políticas fiscales y monetarias discrecionales y combinadas han logrado mejores resultados que en los últimos años de rechazo neoliberal a la fiscalidad discrecional y progresiva.
Y el sentido común indica que afirmar que la estabilidad presupuestaria es buena por principio, en cualquier caso, es una soberana tontería. Como lo sería afirmar que una economía puede endeudarse ilimitadamente sin problema ninguno.
¿Qué adelantaría un país con tener estabilidad presupuestaria si al mismo tiempo carece del capital social y de las estructuras –físicas, educativas, sanitarias, sociales, culturales, relacionales o empresariales…- que son imprescindibles para que sus empresarios puedan crear riqueza y sus ciudadanos adquirir el imprescindible capital humano y el bienestar adecuado?
Lo importante no es garantizar en todo caso que no haya déficit.
Y lo que sabemos, porque la historia es indiscutible en este aspecto, es que eso no se puede conseguir sin una suficiente dotación de gasto público. Por tanto, lo primero es asegurar este y luego encontrar las vías adecuadas de financiación.
El problema que tienen las políticas neoliberales y quienes las defienden es que son incapaces de generar esa financiación por tres razones. Primero, porque quieren evitar que las clases de mayor renta paguen impuestos. Segundo, porque provocan una gran desigualdad y eso deprime a las economías y hace que puedan generar muchos menos ingresos para las arcas del estado. Y tercero porque incentivan que el ahorro vaya a los mercados financieros en lugar de a financiar la actividad productiva. Y como son incapaces de generar ingresos no tienen más alternativa que imponer la reducción del gasto con las consecuencias que he señalado.
De hecho, el problema que está padeciendo una economía como la española en relación con la deuda (dejando al margen el inadecuado modelo de crecimiento de los últimos años) no es su cuantía sino que su financiación está a expensas de los especuladores.
Responde a la ideología neoliberal dominante en los últimos años que ha tratado de justificar el principio de estabilidad presupuestaria para poder tapar las vergüenzas de unas políticas neoliberales que son incapaces de generar suficiente actividad económica y empleo y la necesaria estabilidad de las economía a medio y largo plazo. [...]
Pactos de estabilidad, pactos contra la democracia y el bienestar social
Además de las consecuencias puramente económicas que acabo de señalar, el principio de estabilidad presupuestaria (y más concretamente su imposición a través de mandatos constitucionales) significa en la práctica impedir que la ciudadanía pueda elegir libremente a la hora de enfrentarse a los problemas económicos de nuestra época.
Al imponerlo en cualquier momento y condición, como ahora han acordado en España el PSOE y el PP, se impide que los gobiernos puedan suscribir pactos con sus electores si no es en los términos prescritos por la ortodoxia económica dominante. Se obliga de esta forma a que las única política posibles sean las neoliberales.
Es decir, la imposición del principio de estabilidad implica que no puedan darse soluciones negociadas y, por lo tanto democráticas, al conflicto social inevitable que es consustancial con la generación y distribución de la renta y la riqueza. [...]
La democracia y las políticas de bienestar se basan en la posibilidad de negociación frente al conflicto social y en una idea claramente expuesta por Stiglitz (2002:16): "no existe una única política Pareto-dominante (óptima) en la que puedan estar de acuerdo todas las personas ´razonables´".
Llevar a la constitución el principio de estabilidad presupuestaria es imponer de facto una dictadura económica porque para evitar el déficit público se impone un gigantesco déficit democrático que impide que todos las personas se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de decidir sobre los problemas económicos. Por eso podemos decir que la imposición de un principio de estabilidad presupuestaria en las condiciones en que se impone es algo radicalmente contrario al sentido más elemental de la democracia.
¿Se puede actuar de otra forma?
La historia económica demuestra que cuando los gobiernos han actuado poniendo en marcha políticas fiscales y monetarias discrecionales y combinadas han logrado mejores resultados que en los últimos años de rechazo neoliberal a la fiscalidad discrecional y progresiva.
Y el sentido común indica que afirmar que la estabilidad presupuestaria es buena por principio, en cualquier caso, es una soberana tontería. Como lo sería afirmar que una economía puede endeudarse ilimitadamente sin problema ninguno.
¿Qué adelantaría un país con tener estabilidad presupuestaria si al mismo tiempo carece del capital social y de las estructuras –físicas, educativas, sanitarias, sociales, culturales, relacionales o empresariales…- que son imprescindibles para que sus empresarios puedan crear riqueza y sus ciudadanos adquirir el imprescindible capital humano y el bienestar adecuado?
Lo importante no es garantizar en todo caso que no haya déficit.
Lo razonable y lo que proporciona progreso a una nación es disponer de la dotación de capital social necesario para satisfacer las necesidades sociales. Esta debe ser la variable de partida y no el saldo cero del presupuesto público.
La alternativa, [...], es poner en marcha otro tipo de políticas que frenen la desigualdad, que promocionen un nuevo tipo de actividad económica y se basen en una mayor justicia fiscal y social y que así procuren nuevos y mayores ingresos para no tener que reducir la dotación de los bienes y servicios de bienestar que necesita la inmensa mayoría de la población. Es muy posible que eso requiera cierto nivel de endeudamiento, que ni siquiera tiene por qué ser muy elevado, aunque desde luego mayor al déficit cero que se impone. Pero si se aplican políticas generadoras de ingresos productivos, si se fomenta el uso razonable del ahorro y si se acaba con la especulación financiera no tiene por qué ser un escollo para alcanzar los mayores niveles de rendimiento empresarial, de bienestar social y de progreso que España necesita.
Por el magnifico Juan Torres Lopez, el articulo completo en su blog Ganas de Escribir
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